“La sociedad chilena necesitaba una ley como ésta para enfrentar un problema que afecta lo que más queremos proteger: nuestros niños”. Así lo enfatizó el Secretario Ministerial de Educación, Leonardo Gálvez Castro, luego que esta tarde fuera promulgada por el Presidente Sebastián Piñera, la ley sobre Violencia Escolar.
“Esta ley permite que por primera vez el Ministerio de Educación pueda multar a los colegios que no tomen en serio el tema de la violencia escolar. El bullying es un problema real, que afecta a muchos más colegios de los que quisiéramos. Pero sin esta ley no podíamos actuar de manera decidida frente a este tema. Por eso hemos apoyado desde un inicio este proyecto”, sostuvo el SEREMI Gálvez.
La ley, que ingresó al Congreso como proyecto en agosto del 2010, modifica la Ley General de Educación incorporando un párrafo sobre violencia escolar en su Título Preliminar.
La ley define el acoso escolar como toda agresión u hostigamiento reiterado que se haga dentro o fuera del establecimiento, por un grupo o un estudiante que atente contra otro, generando maltrato, humillación o temor tanto de manera presencial como por medios tecnológicos. De esta forma, la ley se hace cargo también del ciberbullying.
Establece que todos los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar, que será responsable de la implementación de las medidas que determinen el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia Escolar.
Al aprobarse esta ley, los colegios tendrán una serie de exigencias para promover la buena convivencia. “Antes, una víctima de bullying quedaba desprotegida, no había claridad sobre cómo enfrentar estas situaciones. Esta ley representa un rayado de cancha que era ineludible y de vital importancia”, subrayó la autoridad educacional.
Durante este año, y hasta el 31 de agosto, la Secretaría Ministerial de Educación ha recibido 105 denuncias de maltrato escolar, y 2.714 han llegado de todo el país al ministerio.
Este proyecto establece la obligación para los alumnos, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, a propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia para prevenir todo tipo de acoso escolar.
Además, obliga a los integrantes de la comunidad escolar a informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecte a un estudiante.
En caso que el colegio no adopte las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su reglamento disponga arriesgan ser sancionados con multas de hasta 50 UTM (casi dos millones de pesos), que podrán duplicarse en caso de reincidencia.
Se establece que se debe sancionar y que el colegio se debe preocupar del acoso escolar que un estudiante reciba tanto dentro como fuera del establecimiento.
