Con los alegatos de apertura en los cuales la Fiscalía sostuvo los hechos de la acusación, comenzó el juicio oral contra un grupo de abogados y un dirigente de la localidad de Caimanes, por una serie de ilícitos cuyo fin último sería el obtener de manera ilegal-tanto a través de la comisión de diversos acciones delictuales, como de la realización de acciones de aparente reivindicación social y/o ambiental falsas o instrumentalizadas- un inmenso lucro económico para ellos mismos, proveniente de los patrimonios tanto de la empresa Minera Los Pelambres como de parte de los habitantes del pueblo de Caimanes, ubicado en la comuna de Los Vilos.
Los acusados en la causa son los abogados Ramón Ossa Infante, Sandra Dagnino Urrutia, Roberto Arroyo Correa, Iván Sanhueza Belmar y Cristián Flores Tapia.
En los alegatos de apertura, la Fiscalía afirmó que “estas no son acciones aisladas, sino continuas para apropiarse ilegítimamente de dineros y presionar a habitantes y asignatarios…lamentablemente se ha intentado de vestir de ropaje medioambientalde lo cual no hay nada. No perseguimos imputados porque defienden el medio ambiente, sino por una serie de acciones para instrumentalizar personas, a la propia fiscalía y los tribunales”.
Rocío Araya, abogada asesora de la Fiscalía, añadió que “se pretende acreditar los ilícitos que fueron motivo de la acusación fiscal en estos años de investigación. Es una cadena de defraudaciones a buena parte de la comunidad de Caimanes. Se han establecido artimañas (de los imputados) para convencer a pobladores y a los propios tribunales de justicia”, puntualizó.
Junto con ello añadió que hay otras causas que se investigan en torno a hechos que afectarían al medioambiente, pero que no son materia de discusión en el actual juicio oral.
Historia del caso
Los hechos dan cuenta de una serie de acciones que comenzaron el 15 de septiembre del 2008, cuando uno de los acusados instó a prestar declaración ante la fiscalía a una mujer, la que sería utilizada como antecedente por los acusados para fundar una solicitud de medida prejudicial precautoria de retención de dineros que se interpuso con fecha 23 de octubre de 2008 en el 8° Juzgado Civil de Santiago, por un monto de 5 millones de dólares
Una vez retenido el dinero por orden judicial, con fecha 04 de diciembre del año 2008, algunos de los acusados presentaron la demanda anunciada en la solicitud de medida prejudicial precautoria en el juzgado civil de Santiago en contra de 117 pobladores de Caimanes.
Según la acusación, los mismos imputados concurrieron a Caimanes entre los meses de octubre de 2008 y enero de 2009 a participar en las reuniones del Comité de Defensa Personal del Pueblo de Caimanes donde afirmaron falsamente, al menos a 39 personas de los 117 que para ingresar al citado comité aquello no sería posible puesto que era dicha persona jurídica la que se encontraba demandándolos en una causa del 8° Juzgado Civil de Santiago, y adicionalmente, que la única forma de recuperar el dinero de la donación que habían aceptado y que estaba retenido por orden judicial, era entregando al Comité de Defensa Personal de Caimanes cada uno de ellos el 50% de los dineros que percibieran por dicha donación.
La cadena de hechos acusados continuaría con la suscripción engañosa de 39 personas de un contrato de transacción notarial, siendo asistidos por Iván Sanhueza Belmar, abogado de confianza de la contraparte. Con estos contratos de transacción, el tribunal civil alzó la medida precautoria y concurrieron hasta el tribunal de Los Vilos a solicitar el giro del dinero correspondiente a donaciones para que se depositaran el 50% del dinero recibido, que en total ascendía a la suma de aproximadamente $170.000.000 de pesos, en la cuenta de ahorro del Banco Estado de Los Vilos perteneciente al Comité de Defensa Personal del Pueblo de Caimanes.
El resto del dinero, aproximadamente 109 millones de pesos habrían sido utilizados para financiar desórdenes públicos, tomas de caminos, entre otras acciones.
Según la acusación, otro de los objetivos finales sería realizar acciones para turbar la paz pública y entre los imputados dividirse en millonarias cantidades si lograban obtener dinero por parte de la cuprífera.
El juicio continuará en la sala oral del Tribunal Oral de Ovalle, con la presentación de la prueba de la Fiscalía.
FUENTE: Fiscalia Región de Coquimbo.
