El Consejo Regional acordó poner a disposición de la Contraloría de la República, del Consejo de Defensa del Estado y de la Cámara de Diputados, para que sean ellos quienes investiguen y aclaren las eventuales deficiencias en la prestación de asistencia técnica a los sistema de Agua Potable Rural de la región y el destino de los 3 mil millones invertidos en dicho convenio, por parte de la empresa Aguas del Valle
De este modo la comisión fiscalizadora del CORE, que lideró el consejero Teodoro Aguirre, presidente de la Comisión Social del CORE, puso término a la investigación desarrollada durante el año 2013, luego de recibir una serie de denuncias de los comités de Agua Potable Rural, por deficiencias en las asesorías y prestación de asistencia técnica.
“Nosotros hicimos un trabajo prolijo para no faltar a la verdad. En el recorrido por los APR, detectamos que muchos sistemas estaban en precarias condiciones. Sin embargo costó mucho obtener los documentos, y cuando comprobamos que habían grandes cantidades de dinero que se entregaban a Aguas del Valle para hacer asistencia técnica y gestión de proyecto, nos causó cuidado de que las sumas eran de un convenio de 2008 al 2013, por alrededor de 3 mil y tantos millones de pesos”, argumento Aguirre.
A raíz de todo aquellos, el consejero Teodoro Aguirre, dijo que junto con poner los antecedentes en poder de los organismos nacionales competentes para que sean ellos lo que aclaren lo que paso con la administración de esos recursos, la comisión fiscalizadora propuso crear al interior del Gobierno Regional una unidad técnica que maneje el sistema de los APR y que la DOH no externalice el servicio de asistencia técnica.
“También hicimos una propuesta, que del GORE opere una unidad técnica que gestione una política para los APR como se acostumbraba en las administraciones anteriores, y que la DOH no externalice el servicio de asistencia técnica y gestión de proyecto a una sanitaria, sino que los realice la propia DOH”, puntualizó.
Cabe consignar que durante la investigación, la comisión requirió información a la DOH, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a la propia empresa Aguas del Valle, logrando escasa información. No obstante con esa información la comisión pudo comprobar que la empresa Aguas del Valle externalizaba los servicios por una suma de 1.200 millones de pesos, sembrando la duda en la comisión sobre el destino de esos recursos.
Un segundo hecho que puso en cuestionamiento la gestión de la empresa, fue la intoxicación masiva ocurrida en Ovalle por consumo de agua potable, por lo que la comisión se reunió en Santiago con el subdirector nacional de los APR, de la Dirección de Obras Hidráulicas, Álvaro Sola, quien posteriormente se reunió con el pleno del CORE, encuentro en el cual, pese a todas las consultas formuladas, persistieron las dudas, quedando claramente establecido que la DOH carece de los mecanismos para exigir la información contable del convenio a la empresa.
