Como “un grave error” calificó el Senador Alberto Espina (RN) el anuncio del Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en cuanto a que el Gobierno renuncie de forma anticipada a invocar la Ley Antiterrorista en delitos gravísimos.
“El Gobierno y el Ministro del Interior están confundidos, porque una cosa es profundizar las políticas sociales, lo que requiere de diálogo y medidas concretas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de La Araucanía y otra distinta es el deber del Estado de proteger a los ciudadanos frente a los actos de violencia y la delincuencia y garantizar la paz social, para lo cual debe actuar sin ambigüedades y aplicar la legislación que corresponde, según la gravedad de los delitos y, si lo amerita, aplicar la Ley Antiterrorista”, precisó.
Descartar a priori –señaló el jefe de bancada de los Senadores de RN- la aplicación de la ley antiterrorista “es un error porque yo le preguntaría al Ministro del Interior si en el caso del asesinato del matrimonio Luschsinger-Mackay, él considera que este es un delito común, porque si es así está profundamente equivocado, ya que ese crimen no tuvo por finalidad robar o asaltar, sino amedrentar, generar temor en los parceleros y agricultores de La Araucanía con el propósito de que abandonen sus tierras. Este tipo de delitos, en todos los países democráticos, sean gobernados por la izquierda o por la derecha, es un acto terrorista”.
En cuanto a la crítica que se hace de que la Ley Antiterrorista no cumpliría con los estándares internacionales del debido proceso, el Senador Espina indicó que esa afirmación no corresponde a la verdad.
“La Ley Antiterrorista fue íntegramente cambiada durante el Gobierno de Patricio Aylwin en las llamadas “Leyes Cumplido” y aprobada prácticamente por la unanimidad de los parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como del Senado. Más aún, durante el Gobierno del Presidente Piñera se modificaron precisamente esos aspectos que podrían, eventualmente, ser cuestionables, de forma tal que la actual Ley Antiterrorista cumple con los estándares internacionales y, me atrevería a afirmar, que es más blanda que mucha de las legislaciones de los países democráticos del mundo, particularmente europeos”, concluyó.
