Acogiendo las recomendaciones del IIPA (International Intellectual Property Alliance), de febrero de este año, Chile apareció, por noveno año consecutivo, en la “lista roja” de la Propiedad Intelectual, de acuerdo al informe anual de la Sección 301, de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) que vela por la adecuación y eficacia de la protección de la Propiedad Intelectual en el mundo.
Los principales puntos que nuestro país aún mantiene en deuda son la falta de implementación de un sistema eficaz para hacer frente a los problemas de patentamiento de productos farmacéuticos, así como una escasa protección contra la piratería por internet y de señales de televisión por cable y satelital. Por último, Estados Unidos insta a Chile a mejorar la protección de los obtentores vegetales.
Nuestro país figura desde el 2007 en la lista prioritaria de países que –a juicio del gobierno de Estados Unidos- no dan una adecuada protección a la propiedad intelectual, junto a otras 12 naciones. Estas son: Argelia, Argentina, China, Ecuador, India, Indonesia, Kuwait, Pakistán, Rusia, Tailandia, Ucrania y Venezuela.
“Llama la atención que nuestro país se encuentre calificado al mismo nivel que otros países que definitivamente respetan mucho menos en letra y espíritu a la propiedad intelectual” señala Sergio Amenábar, abogado del Estudio Villaseca y especialista en derechos de Propiedad Intelectual. “Si bien nuestro país ha avanzado, todavía existen ciertos asuntos que incomodan a Estados Unidos y explican que nos mantengamos en esta lista. Chile continúa aceptando compromisos que van más allá de sus posibilidades tanto en derecho de autor como en propiedad industrial. En este sentido, vamos a estar siempre en mora”, agrega Amenábar.
Añade este profesional que Chile tiene que aprender de situaciones pasadas, defendiéndose en contra de experiencias internacionalmente centralizantes en la administración de la propiedad intelectual que se insinúan claramente en un futuro próximo, que no sólo le acarrearán inconvenientes políticos, sino que constreñirán sus derechos en su constitución y defensa en el propio país y las que se le tratarán de imponer en el futuro por las grandes potencias tecnológicas. Estas presiones, de prosperar, dice el abogado, dejarán al sistema estatal chileno sin posibilidad de gestionar este tipo de propiedad y a los eventuales interesados nacionales en orfandad del apoyo de profesionales de su propio país.
El especialista recuerda que Chile firmó un tratado con Estados Unidos, donde se comprometió a tener los mismos niveles de protección intelectual que la potencia económica. Sin embargo, considera que éste es un acuerdo “poco parejo, porque los niveles de protección intelectual de un país en vías de desarrollo no son los mismos que los de uno desarrollado”.
