Esta semana la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por Fiden (Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos A.G.), con el objetivo de frenar la persecución que ha impulsado la Superintendencia de Casinos de Juego en contra de los operadores de máquinas de entretenimiento electrónico.
Fiden considera que los actos de la entidad “privan, perturban y amenazan el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad”, y asegura que todos sus representados cuentan con patente comercial municipal para el ejercicio de sus actividades, es por eso que presentó este recurso legal, el cual será revisado por los ministros de la octava sala, compuesta por Carlos Gajardo, Adelita Ravanales y Juan Antonio Poblete.
Tras la publicación del estudio “Catastro y Caracterización de Salas de Máquinas de Juego Electrónicas” -que fue encargado por la Superintendencia de Casinos de Juego a la Pontificia Universidad Católica de Chile- el Superintendente Daniel García, declaró en diversos medios de prensa que “todas las máquinas electrónicas que pagan premios en dinero se consideran de azar” y distribuyó los resultados de este estudio a los respectivos municipios, a quienes ordenó “adoptar las medidas que corresponda” en los casos en que se constate la explotación de juegos de azar fuera del alcance de la ley.
Para el vicepresidente de Fiden, Sebastián Salazar, las declaraciones del superintendente se basan en una premisa falsa del estudio y buscan poner a las máquinas de entretenimiento electrónico en un contexto de ilegalidad. “Para acreditar que una máquina sea de azar se debe verificar que ésta posea un generador de números aleatorios, dado que la apariencia no es un factor que permita definir la naturaleza de la máquina. De hecho el mismo estudio aclara que su objetivo no es determinar si las máquinas de juegos a catastrar son de destreza, habilidad o de azar. En consecuencia, es inexplicable que una autoridad pública como el superintendente García formule ese tipo de declaraciones, arrogándose facultades que en último término son judiciales y no administrativas, ya que muestra que conceptos básicos de la industria del juego le son completamente desconocidos”.
Actualmente Fiden está promoviendo la necesidad de una ley que regule el sector, ya que hoy la industria depende de ordenanzas municipales. “Nuestro foco es trabajar para que tanto el gobierno como el Congreso comprendan que lo mejor para el país es regular esta industria, tal como lo demuestra la experiencia internacional”, afirma Salazar.
Tras la acogida de este recurso, se espera que los alegatos se realicen en el curso del mes de septiembre, para que luego la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago falle durante el último trimestre de este año.
