Tras un largo debate en la Cámara de Diputados, la reforma al Código de Aguas fue aprobada por 63 votos a favor, 32 en contra y 3 abstenciones. Los argumentos de los parlamentarios se centraron en la necesidad de que el agua sea un bien nacional de uso público, lo que los agricultores siempre han apoyado, dejando en claro que ese no es el punto de discusión, pero manifiestan su preocupación por el artículo que señala que los derechos de agua se transformarían en concesiones con un plazo a 30 años con posible revocación tras 12 años.
María Inés Figari, Presidenta de Sociedad Agrícola del Norte explicó que “es lamentable que se haya aprobado una reforma que contiene modificaciones que ponen en riesgo la agricultura. Si tal como señalan algunos parlamentarios, no se tocarán los derechos ya constituidos, que se ponga por escrito para dar seguridad a los productores”, puntualizó.
Misma opinión tiene Ignacio Millet, Presidente de Asociación de Canalistas de Río Illapel quien además explicó que si se suma a esta reforma la propuesta de cambios en la Constitución propuesta por un grupo de Senadores, se incrementa la inquietud de los productores agrícolas: “Varios diputados dijeron que no se tocaban los derechos de aprovechamiento ya constituidos y que esto iba a ser para los nuevos derechos, pero el único problema es que dentro del diseño legislativo, el Senado, a través de la modificación constitucional de la propiedad de las aguas donde solamente se nos dejaría el uso y el goce, pretende eliminar la propiedad. Obviamente, cuando se haga esa modificación constitucional, va a actuar sobre el código de aguas, dejando todos los derechos de agua en una situación de precariedad total”.
Mariela Arqueros, Presidenta de Junta de Vigilancia de Río Elqui señala que “es preocupante que la discusión no aborde temas de fondo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que contiene cambios que son, a nuestro juicio, inconstitucionales, y otras restricciones al ejercicio, que de no especificar con mayor detalle hacia adonde apuntan, son tremendamente lesivas para los actuales dueños de los derechos de aprovechamiento, y en especial a los usuarios agrícolas. Si bien el código de aguas pasa a su segundo trámite en el senado y allí debemos trabajar para ser escuchados, nos preocupa enormemente que la reforma constitucional no se detenga, puesto que es un proyecto que el ejecutivo no apoya y que no puede avanzar en las condiciones en que se encuentra”.
Por su parte, Luis Lohse, Presidente de la Junta de Vigilancia de Río Choapa señala que “es más preocupante lo de la reforma constitucional, porque se pretende caducar los derechos de aguas de los regantes y pasaríamos de un derecho constituido a una concesión. Por lo tanto, debemos esperar que los senadores nos escuchen. Yo creo que este es el primer paso, y es bueno que se dé el debate, se escuchen las diferentes opiniones y es lo que corresponde, conocer las opiniones de los diferentes actores y como se va dando la votación y cuando todos tenemos el mismo objetivo que es dar prioridad al uso del agua para consumo humano, que nadie pone en duda. Creo que todos coincidimos en lo mismo y el problema son las formas”.
Los argumentos del diputado Sergio Gahona explican los temores de los agricultores. El parlamentario explicó en su intervención que “actualmente el derecho de aprovechamiento de las aguas tiene las mismas garantías constitucionales del derecho de dominio o propiedad, es decir, se puede usar, gozar y disponer de él. Sin embargo esto ya no será con la reforma, pues incluso contempla en caso de la caducidad por cambio de uso, y lo más grave como ya mencioné que cambie la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento de dominio o propiedad a concesión de dos causales. Esto pone en riesgo el real ejercicio de cualquier derecho de aprovechamiento y además es inconstitucional”.
“En segundo término, muy relacionado con lo anterior, se encuentra la caducidad de las diferentes normas del proyecto de ley, la facultad de revisión que tendrá sobre los derechos ya adquiridos y otorgados. Con estas normas propuestas causaremos un gran prejuicio a miles de agricultores, sino que incluso perderemos la seriedad como país…el día de mañana puede existir el uso por parte del Estado, quien nos asegura que el día de mañana el ejercicio de una nueva facultad de la DGA para permitir revisar los derechos otorgados, no cometan un abuso porque la disposición no implica criterios ni requisitos en particular”, agrega el parlamentario.
El siguiente paso es que el proyecto ingrese al Senado para que se hagan indicaciones antes de la discusión en sala.
