Tras la aprobación de la reforma al Código de Aguas en la Cámara de Diputados, el pasado 22 de noviembre, los agricultores han generado encuentros para analizar el proyecto y solicitar a los parlamentarios mayor certeza jurídica y claridad en algunos artículos de la ley.
Recientemente se realizó la asamblea de la Junta de Vigilancia del Río Illapel que contó con la participación de más de 250 agricultores, los diputados Sergio Gahona y Luis Lemus, autoridades, representantes de Sociedad Agrícola del Norte, Mariela Arqueros, Presidenta de Junta de Vigilancia de Río Elqui; así como Rodrigo Weisner, abogado experto en legislación hídrica y ex Director de la DGA.
Durante el encuentro se analizaron los artículos que generan preocupación entre los productores agrícolas, en particular aquellos que transforman un derecho con características de propiedad a una concesión cuyos plazos dependerán del criterio de funcionarios de la DGA.
Marcela Jeneral, Presidenta de la Junta de Vigilancia de Río Illapel señala que “esta asamblea se realizó motivada por la inquietud de nuestros regantes respecto a la reforma. Hoy contamos con buena convocatoria, las exposiciones fueron claras y nos vamos más tranquilos”.
En tanto, Ignacio Millet, Presidente de la Asociación de Canalistas Illapel y Director de Sociedad Agrícola del Norte explicó que “estamos contentos por el desarrollo de esta asamblea cuyo objetivo era informar a los agricultores sobre la reforma. Existen vicios de inconstitucionalidad en esta propuesta como la pérdida del derecho de propiedad y disposición, es decir, poder arrendar o vender un derecho de agua. Además se plantea una reserva del caudal ecológico del 20% que no está muy clara y que implicaría que bajemos de 1 litro por segundo a 0,8 por acción, lo que se traduce en una expropiación encubierta”.
Rodrigo Weisner, abogado y ex Director de la DGA destaca que “esta reforma introduce un nuevo sistema de permisos o concesiones temporales que son erróneas porque la historia de nuestro país se ha construido en base a derechos perpetuos, de propiedad e inscritos que dan certeza a la gente de no ser privado de su bien. Hay normas transitorias que los diputados se comprometieron a perfeccionar que dan origen a duda respecto a que los derechos ya constituidos no serán afectados”.
Compromiso de los parlamentarios
Durante la actividad, los parlamentarios señalaron que el proyecto de ley es perfectible y se comprometieron a hacer las gestiones para dar certeza jurídica a los agricultores. Sergio Gahona explicó que “algunos articulados de la reforma serían nefastos para los productores, principalmente los que tienen que ver con el cambio de naturaleza jurídica del derecho de agua. Uno puede entender que para lo nuevos derechos se establezca un sistema de concesiones, que creo es un error, pero puedo entenderlo como propuesta, pero no podemos aceptar que ese tipo de atribuciones de las concesiones afecten los derechos ya constituidos porque es inconstitucional”.
“Los derechos actuales no tienen caducidad y podemos pensar que por ello se coloca en las disposiciones transitorias que no se afectarán los derechos actuales, pero lo que pediremos al Gobierno es que esto sea más explícito y no sólo quede en los artículos transitorios”, agrega el diputado Gahona.
El diputado Luis Lemus declara que “lo que los productores solicitan es que los derechos actuales, que son muy antiguo permanezcan en sus manos para uso y disposición. Quiero decirles que esos derechos no se tocarán… como el espíritu de la ley es dar esa seguridad y según lo que entiendo, el Ejecutivo hará una indicación al respecto para presentarla en el Senado”.
“Esta reforma permite asegurar el agua para la ciudadanía priorizando su uso para las personas y queda la duda respecto a indemnización en caso de que se limite el agua para riego en situaciones de escasez; ese tema también lo analizaremos para dar más tranquilidad a los agricultores”, finaliza Luis Lemus.
