Hasta la Comisión de Minería de la Cámara Baja e invitados por los diputados Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Alvarado (PPD), arribó un grupo de representantes y dirigentes de diversas comunidades agrícolas de la provincia de Limarí, particularmente de los sectores de Potrerillos Alto, Nueva Aurora, Las Mollacas y Pejerreyes, entre otros.
¿El motivo? Exponer ante los parlamentarios los serios problemas a los que se enfrentan a causa de diversas faenas mineras que se están llevando a cabo en la provincia y que estarían trasgrediendo la normativa en materia ambiental, a través del fraccionamiento de proyectos para evitar que sean sometidos a una evaluación de impacto ambiental.
Según lo expresó Gahona, “organizamos esta reunión para defender los intereses de la ciudadanía en varias comunidades de la provincia de Limarí, donde estamos presenciando una elusión ambiental. Esto significa que se están utilizando subterfugios legales para eludir la normativa ambiental”.
“De forma ilegal se están buscando maneras para llevar adelante proyectos mineros. Este tipo de acciones lo único que hacen es desprestigiar a la industria minera. Eso no es ni pequeña ni mediana ni gran minería, es mala minería. Y eso no lo queremos en la Región de Coquimbo”, enfatizó el parlamentario.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Alvarado (PPD) comentó: “no me opongo al desarrollo económico, pero queremos que la legislación nos de tranquilidad y se eviten los arreglos y torceduras que se pretenden hacer a la ley”.
A modo de ejemplo, el legislador se refirió al caso que se registra en la comunidad de Pejerreyes, asegurando que “es insólita, ya que la minera china Co Ltda. se declara como pequeña minería, pero es absurdo que den la vuelta al mundo para tener ese nivel de producción. Así, dicen que van a producir menos de 5.000 t/mes, pero ¿quién es capaz de fiscalizar eso? Ese es un problema serio, porque evidentemente las instalaciones tienen una capacidad muy superior y provocará daños gravísimos en el ecosistema y la agricultura local”.
En tanto, Fernando Elorza, presidente de la Junta de Vecinos de Pejerreyes, enfatizó que “el problema fundamental es la instalación de esta minera, que dice tener una producción menor a las 5.000 t/mes para evadir la evaluación ambiental, pero que ahora pide ampliación a 60.000 t/mes a través de una declaración de impacto ambiental. Nosotros tenemos serias dudas de que la declaración sea suficiente para evidenciar el daño ambiental que va a provocar la minera. Primero, porque se encuentra sobre una fracturación tectónica que existe en Pejerreyes y que alimenta, porque es un acuífero natural, incluso hasta Ovalle. Por ello, queremos que haya un estudio de impacto ambiental y que la minera no esté instalada en nuestra comunidad, porque somos vecinos de esta planta y vamos a convivir con un relave gigante de 60.000 t/mes”.
A su turno, Pedro Mondaca, presidente de la comunidad agrícola de Potrerillos Alto, aseveró que “hay una falta de control respecto de la extracción de mineral que produce la mina, lo que genera serios problemas para la gente que habita cerca del camino. Se produce polución y contaminación acústica; también se nos han secado los pozos de los APR, ya que han roto la napa al utilizar el agua para extraer el mineral”.
Situación similar se registra en Las Mollacas, pues según Arturo Pincheira, presidente de la Junta de Vecinos Alto Las Mollacas, “el principal problema con esta faena es la cercanía a los sectores agrícolas y a nuestras viviendas. Hay mucho contaminación de polvo y ruido, y nos preocupa mucho a futuro lo que vaya a pasar con el agua. Esto va a ser un problema mayor si consideramos que la empresa tiene 3 a 4 instalaciones para proyecto de extracción de menos de cinco mil toneladas, pero que en conjunto podrían alcanzar las 15 a 20 mil”.
Complementando lo anterior, Claudio Cienfuegos, administrador de Agua Las Mollacas, planteó que “está claro que el holding Diomedes Cruz quieren fraccionar el proyecto para obtener la aprobación de Sernageomin y poder instalar una planta de procesamiento y un tranque de relave, pero seguramente después pedirán una ampliación para hacer un proyecto con más toneladas”.
Tras escuchar los testimonios de los representantes de las comunidades, los integrantes de la Comisión de Minería acordaron citar prontamente a la Ministra del ramo, a fin de profundizar en la grave situación, verificar si efectivamente hay una elusión a la normativa ambiental y adoptar medidas para que hechos similares no se repitan en el futuro.
