“Queremos comunicar como Andes Iron frente a la resolución del Comité de Ministros nuestra más profunda decepción a la institucionalidad”. Con estas sentidas palabras, el presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, criticó la decisión de la instancia ministerial que rechazó por 3 votos a 2 la Reclamación del proyecto minero portuario Dominga.
El ejecutivo confesó que la compañía estaba esperanzada que “genuinamente esta administración atendiera los méritos del proceso de evaluación ambiental del proyecto Dominga que fue recomendado para aprobarse por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el cual dice que el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto cumple a cabalidad con la institucionalidad medioambiental que tiene este país”.
Sin embargo, ante la decisión del Comité, fue enfático en señalar que “se ha causado un daño a la democracia de nuestro país. Se ha mandado una señal concreta en la cual nos están diciendo a los emprendedores que las reglas del juego no son claras y que por lo tanto lo que prima es la política pequeña y eso, en nuestra opinión, daña el acuerdo social y la igualdad ante la ley”.
Al ejecutivo le llamó la atención la forma inusual en que se resolvió este proceso. Se convocó al Comité de Ministros recién el viernes pasado, a las 20:50 horas, para resolver el proyecto hoy lunes a las 7:30 horas, lo que no permitió a los integrantes de la comisión revisar la Reclamación en su mérito.
“El Estudio de Impacto Ambiental de Dominga tuvo una tramitación de 3 años y medio, con profundos estudios técnicos y científicos, y con una inversión de más de US$300 millones. Por eso, llama la atención que sea resuelto de esta manera”, dijo Garrido.
Además, denunció “una falta de motivación, arbitrariedad e ilegalidad en la Comisión Regional”, que confiaban sería revertida en el Comité de Ministros. “No obstante, lo que vemos es de una gravedad máxima, porque se profundiza la arbitrariedad”, enfatizó el presidente ejecutivo de Andes Iron.
Sobre las medidas de protección al medio ambiente del proyecto, el líder de la compañía recordó que se siguió a cabalidad las recomendaciones y rutas de navegación definidas por el Comité de Ministros de esta actual administración, y ratificado por el Tribunal Ambiental para el proyecto Cruz Grande, más cercano de las áreas protegidas que Dominga. Además, comentó que “Dominga ha hecho un esfuerzo que está a nivel de la legislación mundial respecto al medio ambiente, incluso habría sido aprobado en Estados Unidos, Australia y Canadá con las medidas propuestas”.
Finalmente, Garrido agregó que la compañía va a insistir en los Tribunales Ambientales para “seguir defendiendo el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y la genuina solución para el desarrollo sostenible en nuestro país”.ç
