La denuncia fue interpuesta por el diputado electo, Francisco Eguiguren, y el concejal de Coquimbo, Guido Hernández, ya que existirían antecedentes que podrían dar cuenta de posibles fallas en el proceso de postulación.
Una denuncia ante la Contraloría General de la República, presentaron hoy el diputado electo, Francisco Eguiguren, y el concejal de Coquimbo, Guido Hernández, por presuntas fallas e irregularidades en el proceso de postulación a cargos del nuevo Servicio Local de Educación Pública (SLEP) “Puerto Cordillera”, que fusionará los departamentos de educación de las comunas de Coquimbo y Andacollo.
Hasta las oficinas de la Contraloría, en La Serena, llegaron ambos personeros de Renovación Nacional para denunciar que existen antecedentes que ameritan investigar diversas anomalías, como por ejemplo, que los alcances y bases del concurso no estuvieron disponibles para los posibles interesados a través de ningún medio físico ni digital, y que tampoco dicha información fue publicada en el Portal de Empleados Públicos. Asimismo, que se desconoce quiénes postularon y se adjudicaron dichos cargos.
La denuncia establece que el 28 de noviembre se tuvo conocimiento de 19 perfiles de cargos, con sueldos que iban desde $900.000 hasta $2.500.000, los cuales fueron publicados durante tan sólo tres días. Asimismo, según el texto de esta presentación, “hubo profesionales que intentaron postular el día 29, y la plataforma presentó error, abortando el proceso de postulación”.
Por otra parte, el documento especifica que los perfiles de cargo en ningún caso se condicen con las competencias adquiridas y desarrolladas por los funcionarios de un Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), lo que incumpliría el compromiso del Ministerio de Educación respecto a otorgarle énfasis –en el proceso de selección– a la experiencia y carrera funcionaria; aspecto que “fue otro engaño para los trabajadores del DAEM”.
La presente denuncia sostiene que “el DAEM de Coquimbo se encuentra en paro producto del incumplimiento de acuerdos, y cambios arbitrarios realizados por el Mineduc, además de la falta total de transparencia en el proceso y contratación de quienes integrarían esta nueva organización”. Estos antecedentes permitirían sustentar ante la Contraloría la falta de trasparencia en el proceso.
“Además, es posible observar una vulneración de garantías constitucionales, a saber la de igualdad ante la ley y la de admisión a todas las funciones y empleos públicos, contenidas en el artículo 19, números 2 y 17, respectivamente, de la Constitución Política de la República”, detalla el documento, el cual finaliza argumentado que, “en virtud de los antecedentes señalados a este órgano de control, se solicita sirva disponer investigar los hechos que fundamentan la actual denuncia funcionaria”.
Opiniones
Según Francisco Eguiguren: “Nuevamente, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet le ha mentido a los chilenos. Este es un gobierno de promesas incumplidas, porque la ministra se comprometió a que ningún funcionario del Departamento de Educación iba a ser desvinculado por el proceso de desmunicipalización; sin embargo, setenta personas ya han sido notificadas de que perderán su trabajo”.
Coincidente fue la opinión de Guido Hernández, ya que, a su juicio, esto demuestra que no se cumplió el compromiso adquirido por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, respecto a no desvincular a ningún trabajador y que todos serían reubicados: “El ministerio ni la ministra han sido capaces de dar respuesta o dar la cara. Muchas familias se verán afectadas, debido a que son setenta personas las que perderían sus trabajos. Lo cierto es que no ha habido prudencia en el proceso de desmunicipalización, por lo que, creemos, es importante que esto se revierta”.
Por su parte, la ex candidata a diputada y experta en materias educacionales, Francesca Figari, manifestó que la “educación es un tema que requiere seriedad y no está siendo abordado como corresponde. La desmunicipalización es una idea buena, por cuanto supone la distribución de recursos exclusiva para este ítem; sin embargo, el proceso carece de transparencia, claridad e información respecto a la adjudicación de los cargos en el Servicio Local de Educación Pública, generando incertidumbre y dando cabida a interpretaciones que dificultan aún más la delicada situación que se vive en la materia”.
Agregó, que “los funcionarios del DAEM merecen explicaciones, pues sus competencias y experiencia no están siendo reconocidas por el Gobierno. Es necesario comprender que las negligencias que podrían presentarse en esta temática, tienen consecuencias no sólo en los trabajadores y sus familias, sino que también repercuten de manera directa en el sistema educacional, que sin duda está altamente dañado”.
FOTO: Los antecedentes de la denuncia fueron dados a conocer por el diputado electo, Francisco Eguiguren; la ex candidata a diputada, Francesca Figari, y el concejal de Coquimbo, Guido Hernández.
