Como uno de los gremios más importante del país y que vela por el adecuado desarrollo del territorio, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) no quedo ajena a la resolución del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, quien durante meses deliberó acerca de la viabilidad del proyecto minero – portuario Dominga. A través de su Cámara Regional de La Serena, se manifestaron comprometidos con los procesos que crecimiento, bienestar y calidad de vida.
Por ello ante la determinación del Tribunal de retrotraer el proceso a una nueva evaluación a nivel regional, el gremio quedó satisfecho. “Ahora esperamos que la Comisión de Evaluación Ambiental de la región responda con argumentos técnicos, objetivos y con altura de miras, de manera de sentar las bases para proveer a la zona de un desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo, expresó el presidente de CChC La Serena, Sergio Quilodrán.
Asimismo, Quilodrán destacó que Minera Dominga confiase en el proceso institucional vigente en Chile de manera de validar el proyecto, a través de una entidad técnica y pertinente en la materia. “Como gremio entendemos la relevancia de contar con certeza jurídica para impulsar las inversiones, por ello este antecedente emanado desde el Tribunal Ambiental nos insta a seguir bregando por objetivos sectoriales como los instrumentos de ordenamiento territorial”, aseveró el directivo regional.
De hecho, la aprobación definitiva del Plan Regulador Intercomunal (PRI) Elqui permite generar acciones para contar con una vía de unión marítima con el continente asiático. Esto, ya que establece el desarrollo de tres zonas portuarias: Totoralillo Norte, Cruz Grande y Barrancones, lo que refuerza la vocación productiva de la comuna de La Higuera y que se ha izado como una alternativa para complementar el proyecto de Túnel de Agua Negra.
Finalmente, con este fallo el gremio constructor confía en que se abra la opción de modernizar el sistema de evaluación ambiental para mejorar la pertinencia de las entidades involucradas en el proceso, disponer de mayor calificación técnica de los interventores, agilizar la tramitación y establecer parámetros para evitar la judicialización. “Esto con el objetivo de fortalecer la institucionalidad, incentivar la inversión, generar crecimiento económico y promover la calidad de vida”, finalizó Quilodrán.
