En octubre de 1993, se promulgó la Ley Indígena, una normativa que permitió reconocer jurídicamente a los nueve pueblos que habitan nuestro país y establecer un marco legal que permitiera promover su desarrollo social, cultural y económico.
Hoy, a más de 25 años, de esta normativa, Gobierno del Presidente Sebastián está impulsando la Consulta Indígena, un proceso de diálogo que busca modernizar la norma existente y fortalecer a las comunidades, ya que, si bien, la ley indígena ha permitido lograr importantes avances, con el pasar de los años han surgido y quedado al descubierto una serie de falencias que es necesario revisar, sobre todo en lo que respecta a la administración de la tierra.
Planteamos esta iniciativa, porque creemos que es necesario escuchar a los pueblos, respetando sus necesidades, derechos y generar espacios de participación activa que nos permita llegar a acuerdos y consensos para proponer soluciones a los desafíos que nos urgen, como superar la pobreza en que viven las comunidades y, también, abordar los desafíos que se planteaban cuando se promulgó la ley y que aún no tienen respuesta.
Para lograr estos objetivos, la consulta indígena se rige por dos principios básicos: la tierra indígena es y será patrimonio indígena y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se estipula que cada vez que se prevean medidas que les afecten directamente a los Pueblos Indígenas, los gobiernos deberán consultar a los interesados mediante procedimientos apropiados, estos deben realizarse de buena fe y de manera flexible con la finalidad de llegar a un acuerdo. Asimismo,
Es esto, justamente, lo que queremos hace con la consulta, escucharlos, conocer sus opiniones y contrapropuestas en un encuentro donde el respeto y los acuerdos sean protagonistas. A pesar de la violenta oposición que se ha visto, en algunos encuentros, no renunciaremos jamás al diálogo y seguiremos trabajando con todos quienes se han propuesto avanzar en mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Ignacio Pinto Retamal, Seremi de Gobierno
