- La Intendenta Lucía Pinto conoció en detalle el trabajo investigativo desarrollado en coordinación con Fiscalía Regional de Coquimbo y destacó su impacto en el combate contra la delincuencia.
En marzo pasado inicio un trabajo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Regional para dar con el paradero de armas cuyos dueños hayan fallecido y que no han sido regularizadas por sus familiares. El objetivo de este trabajo es evitar que éstas sean sustraídas o comercializadas en el mercado informal, siendo luego utilizadas en posibles hechos criminales con violencia.
Con el fin de relevar este trabajo, la Intendenta Lucía Pinto visitó una muestra con las 63 armas recuperadas a la fecha, sobre lo que dijo que “estamos hablando no solo de un trabajo de fiscalización, sino también de retiro de armas, que en algún tipo de circunstancias pueden ser utilizadas para el crimen. Como Gobierno, y en conjunto con las policías, estamos combatiendo la delincuencia y el narcotráfico y qué mejor forma de prevenir que sacando estas armas de cualquier posible acto de criminalidad en que puedan ser ocupadas”.
Desde el 28 de marzo se han realizado 29 procedimientos policiales, a través de los que se ha detenido a 8 personas en situación de flagrancia por el delito de posesión, tenencia o porte de armas sujetas a control, además de la imputación de otras 22 personas como infractoras a la Ley de Armas.
El Jefe Regional de la PDI, Prefecto Inspector Richard Gajardo, detalló que “hoy día el tema de las armas es de preocupación no solo regional, sino también nacional y el Ministerio Público nos ha entregado la responsabilidad porque hoy día el 100% de los focos investigativos de la región están a cargo de la PDI, y por eso el año pasado creamos un grupo especial de investigación que pudiese hacerse cargo de este tipo de tema”.
El prefecto agregó que la comunidad ha colaborado de forma activa en este proceso, proporcionando información relevante para dar con la ubicación de las armas en situación irregular, con la que los oficiales procuraron la ubicación de quienes pudieran tener en posesión estas armas en forma irregular.
Por su parte, el Fiscal Regional de Coquimbo, Adrián Vega, agregó que “es una preparación fundamental de la Fiscalía Regional establecer los problemas y focos delictuales en relación al uso de armas, que son utilizadas en otros delitos, como tráfico de drogas y atentando contra la vida de las personas. Por eso llamamos a la ciudadanía a hacer la regularización de estas armas que hayan tenido sus ascendientes, porque la delincuencia busca los nichos para hacerse de armas que no puedan ser pesquisables”.
Las 63 armas recuperadas a través de distintos operativos e investigaciones, son avaluadas en $29.500.000 pesos, sumándose 377 proyectiles balísticos de distintos calibres, que se encontraban en poder de personas que no mantenían la debida autorización en La Serena y Coquimbo.
