Este lunes el Presidente Sebastián Piñera realizó -en cadena nacional- los esperados anuncios para avanzar hacia una agenda contra abusos y delitos económicos, una de las principales demandas ciudadanas en el marco de las movilizaciones que se han realizado en el país desde el pasado 18 de octubre. Esto se relaciona a bullados escándalos como la colusión de las farmacias, del papel higiénico, pollos, La Polar, caso Penta (financiamiento irregular de la política), Pacogate, Milicogate, abusos de las Isapres, entre otros.
La crítica generalizada de la ciudadanía apunta a que si una persona, por ejemplo, comercializa películas piratas en la calle tendrá que estar varios años detenido por un delito menor, ya que no cuenta con abogados ni asesoría legal, mientras que los ejecutivos que se coludieron para subir injustificadamente los medicamentos de millones de chilenos y así lucrar con cifras estratosféricas, sólo recibieron clases de ética y bajas multas en comparación con el grave y perjudicial delito que cometieron y que afecta al bolsillo de las familias, sobre todo, de aquellas de menores recursos y más vulnerables como la tercera edad.
Ante las iniciativas del Gobierno contra los abusos, un grupo de expertos entregó su visión al respecto y las sugerencias para mejorar el sistema.
Efecto del estallido social
La mayor parte de la sociedad civil esperaba hace tiempo que el Ejecutivo se pronunciara sobre los abusos del sector privado, por lo que era esperable que las autoridades lanzaran iniciativas para resolver las principales demandas sociales.
“Gracias a la manifestación pacífica hemos podido instalar algunos temas de máximo interés de la ciudadanía. Sin duda el sentimiento de abuso público y privado es enorme y avanzar en una agenda anti abuso que castigue fuertemente al delito de cuello y corbata es una demanda legítima. El abuso afecta la vida cotidiana de todos nosotros, en los medicamentos que compramos o ciertos alimentos de primera necesidad”, expuso Camilo Morán, concejal de Lo Prado y miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional.
Además, Morán añadió que “en general las sanciones a las colusiones, el uso de boletas falsas y de información privilegiada, por un lado, normalizó la idea de la impunidad, enviando a sus responsables a clases de ética. Me parece bien que sea Chile Vamos y el Gobierno los que tomen la iniciativa de condenar los abusos y de una buena vez por todas sea castigado con mano dura el delito de colusión que afecta el bolsillo de los más pobres”.
Ciudadano consumidor
Para el presidente de Fundación Participa, Daniel Ibáñez, es una buena señal que existan proyectos como el Defensor del pueblo, el perdonazo Dicom, regulación de tasa máxima y responsabilidad de bancos ante ciberataques, sin embargo, advirtió que se continúa dando un tratamiento de consumidor y no de ciudadanos.
“Un ejemplo de ello es lo propuesto en materia de Isapres facultando al Sernac sobre la materia, cuando es conocido, además, que dicho organismo tiene facultades sumamente limitadas, además de no avanzar en el tema de fondo que es la necesidad de reformar profundamente el sistema de salud público y privado”, reparó Ibáñez.
Nivelar la cancha
La propuesta del Ejecutivo llega a reducir la brecha en el tratamiento penal que existen entre los delitos cometidos por altos ejecutivos de empresas o directorios frente a otros ilícitos menores como un robo simple, apuntó René Barba, concejal de Lo Barnechea.
A su vez, resaltó los tres ejes de la agenda “anti-abusos” que consta de tres partes: “delitos económicos; mayor transparencia, es decir, contra la letra chica; y otra parte que es muy importante, que es contra el sobreendeudamiento de las familias”.
“El Presidente escuchó las demandas ciudadanas por lo que espero que estas medidas anti-abusos puedan estar prontamente en funcionamiento, ya que los chilenos están cansados de los casos de colusión o corrupción que han sido ampliamente difundidos en los medios de comunicación y que han perjudicado a la población que tiene menos recursos como la tercera edad, que además reciben pensiones básicas solidarias del Estado y no les alcanza para llegar a fin de mes”, expresó Barba.
Luego manifestó que con la agenda anti-abusos de la Administración de Piñera “se espera que se pueda combatir con mayor dureza los delitos de colusión, los abusos del mercado, los delitos tributarios y el uso de información privilegiada, además de garantizar una serie de medidas que proteja mejor a los consumidores.”
“No es una agenda anti empresas, sino una agenda de justicia para todos los ciudadanos. Así como hemos procurado aumentar las sanciones para los delitos violentos, queremos hacerlo también para los llamados delitos “de cuello y corbata”, finalizó Barba.
