La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, dio a conocer un nuevo balance de la suscripción de empresas y trabajadores a la Ley de Protección del empleo al 23 de abril.
Según detalló -con base en datos de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y la Superintendencia de Pensiones, analizados por la Unidad de Estudios del Ministerio del Trabajo y Previsión Social-, ya son 66.573 las empresas que han decidido mantener la relación con sus trabajadores y optar por la suspensión de contratos en vez de los despidos, lo que implica que 516.826 trabajadores podrán acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía, sin perder los beneficios de la relación laboral, tales como antigüedad y derecho a vacaciones.
Las cifras señalan que del total de empresas que se acogieron a la ley, el 2,5% corresponde a empleadores de la región de Coquimbo que son cerca de 1600 empresas regionales y más de 8700 trabajadores que tendrán accesos a las prestaciones del Seguro de Cesantía.
Respecto a la información entregada por el Ministerio del Trabajo, la Intendenta regional Lucía Pinto, comentó que “es importante destacar que esta iniciativa del presidente Sebastián Piñera busca proteger los puestos de trabajo y garantizar en parte las remuneraciones de los trabajadores y sus familias. El llamado que hacemos es que si una empresa, independiente del tamaño, que se haya visto afectada por esta contingencia, pueda hacer uso de esta herramienta que ha dispuesto el gobierno para que los recursos puedan llegar a los trabajadores y continuar percibiendo un ingreso en caso que sea necesario“.
Por su parte el Seremi Matías Villalobos explicó que “hay que señalar que la normativa está enfocada en ayudar a los trabajadores y a mitigar, en parte, los efectos negativos económicos y de empleo, por la emergencia sanitaria que vivimos en el país. Con esto buscamos dar estabilidad a los trabajadores para que mantengan su fuente de trabajo, asegurarles ingresos y minimizar los riesgos de perder su empleo”.
La Ley de Protección del Empleo permite que, ante un mandato sanitario que determine la paralización total o parcial de las actividades laborales o mutuo acuerdo, entre empleador y trabajador, se podrá suspender temporalmente el trabajo en la empresa, pero manteniendo el empleo, el contrato y todos los derechos laborales, como el pago de las cotizaciones por parte del empleador.
La iniciativa permitirá también la reducción de la jornada laboral en hasta 50%, compensando parte de la disminución de la remuneración de los trabajadores con recursos del seguro de cesantía; la suspensión de las relaciones laborales a las trabajadoras de casa particular, accediendo al beneficio de la indemnización a todo evento y prohibirá durante seis meses, o bien, existiendo el Estado de Catástrofe, las desvinculaciones por fuerza mayor que invoquen como motivo de la pandemia del Covid-19.
En este sentido y según cifras de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), en la región de Coquimbo 266 empresas suspendieron contratos con sus trabajadores por motivos de acto de autoridad. Mientras que más de 1400 empresas optaron por el acuerdo entre sus trabajadores para lograr una suspensión del contrato.
“Como gobierno estamos tomando todas las medidas pertinentes para disminuir los efectos negativos que ha traído esta pandemia en materia de empleo y asumimos el desafío para poder levantar alternativas que permitan una recuperación económica y que pueda ir de la mano con la generación de puestos de trabajos para los habitantes de nuestra región”, agregó Matías Villalobos.
A nivel nacional respecto de los trabajadores acogidos a la Ley, el 54,0% pertenece a las empresas pequeñas y medianas. En tanto el 29,3% de los trabajadores suspendidos son de las grandes empresas. Además, el 54,4% de ellos pactaron un acuerdo de suspensión de contrato con su empleador, mientras que el 45,6% lo hicieron porque fueron afectados por acto de autoridad.
Finalmente, desde el Ministerio del Trabajo se informó que sobre las solicitudes del Seguro de Cesantía. De acuerdo con datos al décimo sexto día hábil de abril, se registraron 118.506 solicitudes, lo que significa un alza de 20,6% respecto de igual periodo de 2019.
