El diputado Eduardo Durán (RN) presentó hace unos días un proyecto que busca garantizar seguridad social a adultos mayores que trabajan, extendiendo el Bono Covid-19 o incorporándolos a algunas de las iniciativas que ha presentado el Estado en sus paquetes de medidas para enfrentar la pandemia. El parlamentario busca enviar una ley corta para proteger el empleo de los jubilados que estén con contrato laboral, los que boletean o son informales –trabajador por cuenta propia- a través de herramientas como, por ejemplo, el Fondo Solidario de Cesantía. Este segmento de la población debe trabajar porque sus pensiones no les alcanzan para vivir dignamente, lo que ha sido una de las banderas de lucha del movimiento social desde octubre pasado.
Frente a la propuesta del congresista, un grupo de abogados entregó su visión sobre el proyecto y otras medidas que se pueden aplicar para beneficiar a la tercera edad en nuestro país, que a nivel de trabajadores asalariados (con 65 años o más) en el sector privado alcanzan más de 320 mil personas.
“Es sumamente necesario, que el Ejecutivo impulse el proyecto de Ley para llenar el vacío que dejó la recién promulgada Ley de Protección al Empleo, para que los pensionados que continúan trabajando formalmente, puedan acceder al Fondo Solidario de Cesantía, obteniendo los ingresos necesarios para subsistir mientras dure la suspensión de sus labores”, afirmó Pedro Eguiguren, socio director de Eguiguren y Abogados.
El jurista añadió que la iniciativa del Gobierno de suspensión laboral existe un problema importante para las empresas que tiene trabajadores contratados de la tercera edad. “Este impedimento de los adultos mayores (de no poder acogerse a la Ley de Protección al Empleo), no sólo afecta a ellos como persona, sino también puede impactar a su empleador, debido que al no poder acogerse a la mencionada normativa, puede traer como consecuencia, el despido del trabajador pensionado o la quiebra de la empresa, especialmente si se trata de una Pyme”, enfatizó Eguiguren.
Similar postura comparte Diego Messen del estudio de abogados Moraga y Cía. “Se destaca, sin duda, la posibilidad de incluir trabajadores que actualmente se encuentran prestando servicios, pero que no pueden acogerse a la Ley de Protección al Empleo, por haber sido excluidos creando una desigualdad por un efecto de temporalidad”, comentó.
Iniciativas para apoyar a la tercera edad
Además, de la propuesta del diputado Durán, los expertos entregaron sus ideas sobre qué otras medidas se podrían instaurar por parte del Estado para ayudar a los abuelitos que más lo necesitan durante la crisis sanitaria. Crear un fondo solidario adicional, para que pudieran acceder las personas que han sido excluidas de la Ley de Protección del Empleo que propuso el Ejecutivo, es una de las fórmulas que planteó el abogado de Moraga y Cía.
Por otra parte, Pedro Eguiguren se inclinó por iniciativas que le quitan obligaciones económicas a este segmento de la población. “Un alivio podría ser el no pago de contribuciones; la entrega de subsidios especiales a los que son arrendatarios; analizar la posibilidad de incrementar la jubilación entregada por la respectiva AFP (dependiendo de la edad y fondos de pensión), durante los meses que se encuentren inactivos; y descuento o postergación del pago por consumos básicos como es luz eléctrica, agua, entre otros.
