- La máxima autoridad de la Región de Coquimbo, destacó la firma del Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, y acotó que “el Presidente Piñera, con esta iniciativa, ha pensado en brindarle un apoyo efectivo a las víctimas”.
Este domingo, el Presidente Sebastián Piñera, firmó el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.
Se trata de una propuesta que tal como destacó el Intendente de la Región de Coquimbo, Pablo Herman, “demuestra el compromiso y la preocupación del Presidente Piñera por apoyar de manera real y efectiva a las víctimas. Con la firma de este proyecto de Ley, Gobierno estamos promoviendo el acceso oportuno a la justicia para todas las personas, especialmente, a los niños y adultos mayores”.
El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ) propone unificar, en un solo servicio, toda la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía, incluyendo las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes, los programas especializados como “Mi Abogado” (para niños y adolescentes) o Defensa Integral de Adulto Mayor, y el Programa de Apoyo de Víctimas del Ministerio del Interior.
Mientras que la Defensoría de Víctimas de Delitos, defenderá los derechos de las víctimas, representándolos jurídicamente y otorgándoles asistencia psicológica y social de forma universal a personas naturales, por todo tipo de delitos, pero con especial foco en aquellos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y la integridad sexual.
“Hoy no tenemos una institución que defienda a las víctimas de delitos, por lo que no reciben defensa jurídica, recurriendo muchas veces a las corporaciones de asistencia judicial. Este proyecto es un gran avance para Chile, representa una modernización importante de nuestro sistema de defensa y mayores, y mejores, herramientas jurídicas para todos”, enfatizó el Intendente Herman.
Y es que la asistencia jurídica que presta el Estado de forma gratuita, está dispersa en diversos órganos y con distintos énfasis. En materia penal, existe la Defensoría Penal Pública (DPP), que defiende a los imputados por delitos y opera como contraparte del Ministerio Público. En tanto en materias civiles, laborales y de familia existen cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ).
La propuesta también contempla la creación del Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, con la que se podrá contar con un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, cuyo objetivo es generar nuevos lineamientos y acciones en materia de acceso a la justicia y estará integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil, y así constituir objetivos estratégicos, tanto a nivel nacional como regional.
