Cinco de cada seis trámites realizaron los chilenos en las instituciones públicas por internet el año pasado. Una cifra no menor que fue impulsada por la crisis sanitaria, la cual aceleró la transformación digital que nuestro país venía enfrentando hace algunos años.
Aun cuando esta tendencia pueda bajar en la medida que volvamos a una vida más presencial, está claro que la digitalización llegó para quedarse y poco a poco las personas se han motivado a aprender esta nueva modalidad de atención, perdiéndole el temor a la tecnología.
Este cambio nos impone múltiples desafíos, que una vez asumidos con éxito nos permitirán avanzar hacia un Estado más cercano, eficiente y accesible desde cualquier punto del país, por más lejano y extremo que sea.
El uso de la tecnología es clave porque no sólo nos ha permitido protegernos de posibles contagios, sino que a largo plazo permite ahorrar tiempo y dinero, simplificando procesos que mejoran la calidad de vida. Este tipo de beneficios que impactan directamente en la ciudadanía, nos obligan a innovar y avanzar más allá de lo que se ha realizado en pandemia.
Es por eso que el paso siguiente es lograr que la atención sea más inclusiva, por ejemplo, incorporando lengua de señas y otros idiomas como el creole en los trámites online, considerando, por una parte, a las y los trabajadores con discapacidad auditiva y, por otra, a inmigrantes que han llegado al país y se han sumado como fuerza laboral.
Sin duda que el Covid-19 y la nueva era digital nos ha dejado muchos aprendizajes, reforzando las plataformas para entregar un servicio seguro donde los trabajadores y trabajadoras confíen en sus instituciones, poniendo el foco en el concepto de la multicanalidad de atención.
Por: Manuel Cañón Pino – Director Nacional Instituto de Seguridad Laboral (ISL)
