El 8 de junio del año 2018 se publicó en el Diario Oficial la creación del Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) de Rapa Nui, logrando así la protección total de la Ecorregión de Isla de Pascua. Sin embargo, para que las Áreas Marina Protegidas (AMPs) cumplan su propósito de creación, deben contar con planes de administración, y con los recursos necesarios para ejecutarlos. Si no es así, se corre el peligro de que se conviertan sólo en áreas de papel.
Por ello, el Consejo Local del Mar de Rapa Nui, con los científicos del Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI) y del Instituto de Políticas Públicas (IPP) de la Universidad Católica del Norte (UCN), además de colaboradores internacionales, se abocó a construir participativamente el plan de las AMPs de Rapa Nui, con financiamiento de fondos concursables del Ministerio de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Pesca.
Gracias a este trabajo, el presente año se terminó la propuesta final del plan de administración conjunto del Área Marina Costera de Múltiples Usos de Rapa Nui y el Parque Marino Motu Motiro Hiva. Paralelamente se finalizó la propuesta del plan de manejo de todas las AMPs del Mar Juan Fernández. Esto, sumado a la propuesta del plan de administración del Parque Marino Nazca-Desventuradas, terminada el 2018, implica que el 100% de las AMPs oceánicas de Chile tiene sus propuestas de plan de administración. Lo que corresponde al 89% de la superficie marina protegida de Chile.
Cabe destacar que el plan de administración es el instrumento que permite realizar la gestión del área, desde definir los costos, las estrategias y acciones a desarrollar en investigación, fiscalización, vigilancia, extensión, manejo y monitoreo del área.
Procesos participativos
El año 2019 comenzó el proceso para construir los planes de administración de las Áreas Marinas Protegidas Oceánicas de Chile que aún no contaban con ellos, un año después de la creación de estas áreas, en cuyo decreto de formación se estableció que al cabo de un año se debía elaborar los planes de administración.
Carlos F. Gaymer, académico de la Facultad de Ciencias del Mar de la UCN y Director de ESMOI, explicó que se trató de un trabajo colaborativo con la comunidad, donde, en el caso del AMP de Múltiples Usos de Rapa Nui y del Parque Marino Motu Motiro Hiva, se trabajó en conjunto con el Consejo Local del Mar, integrado por los representantes Rapa Nui que participan en el Consejo Directivo del Mar, entidad que administra las AMPs de la isla, que cuenta con representantes de la isla y del Estado.
El proceso para elaborar la primera propuesta de plan duró alrededor de un año y medio, y el Consejo Local del Mar realizó una presentación abierta a la comunidad, para explicar los detalles del plan y cómo se va a manejar el mar de Rapa Nui. Ahora el Consejo debe presentar el documento familia por familia para validarlo.
Archipiélago de Juan Fernández
En el caso del Archipiélago de Juan Fernández, también se trabajó con la comunidad para desarrollar el plan, se definió la visión, cuales son los objetos de conservación prioritarios, cuales son las principales amenazas para la conservación y las estrategias que hay que desarrollar para reducir estas amenazas. Para esto se trabajó con un equipo de actores clave locales, definidos por la comunidad, y que representaban todos los intereses asociados al mar de Juan Fernández.
Lo que viene
Tras entregar las primeras propuestas, ahora comenzará el proceso en que el Estado tiene que empezar a conversar con las comunidades para ver qué cosas quedarán y cuánto presupuesto hay para financiar estos planes. Ahora, dijo Carlos F. Gaymer, “comienza el proceso de ajuste de los planes, la negociación entre el Estado y las comunidades para tener claridad respecto a qué cosas se harán y ver qué iniciativas son financiables. Todos los planes se basan de una situación real y de un mínimo para que estas áreas se implementen y funcionen”.
Además, explicó el investigador, en el caso de Rapa Nui, al ser territorio indígena, el Estado deberá hacer una consulta al convenio 169 de la OIT, lo que es un proceso largo, por lo que se estima que los planes estarán aprobados después de 2 años.
