El estado del país es más bien complejo. La economía ha crecido en niveles mínimos. Se espera una caída del Producto para el presente año. Estamos con la inflación más alta en décadas. En cuanto a la situación política, el año pasado vivimos enfrentamientos muy severos entre distintos actores políticos, referidas al proceso constituyente.
Para conversar de estos temas y otros relacionados con la inversión y negocios en Chile, considerando su experiencia y trayectoria, nacional e internacional, conversamos con los socios del estudio jurídico ASL CORP, los abogados José Luis López Blanco y Patricio Cartagena.
Respecto a la situación actual del país, José Luis López Blanco dijo que se puede advertir el inicio de un período que podría ser interesante. “Existe un acuerdo político para la redacción y aprobación de un nuevo texto constitucional. Ello permite anticipar un escenario en que se dejen atrás posiciones conflictivas que se presentaron el año anterior, más bien parecidas a enfrentamientos de barras bravas”, indicó.
Agregó que, en sus encuentros de negocios, en el estudio jurídico, han observado el interés de empresarios chilenos y extranjeros en iniciar nuevos proyectos de desarrollo. Sobre el tema destacó que “un signo importante ha sido el sustancial aumento de la inversión en exploración minera, lo que anticipa el interés por proyectos futuros en ese sector”.
NECESIDAD DE PROMOVER EL BIENESTAR: COOPERACIÓN PÚBLICO PRIVADA
López Blanco precisó que es necesario que el sector público y el privado, coincidan en que uno de los objetivos principales de las políticas públicas, es promover el bienestar para todos los chilenos.
“En ese sentido, el artículo 1°, inciso 4° de la Constitución Política, consagra el llamado “principio de servicialidad” y dispone que “el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”, agregando que, para cumplir con ese cometido, bien puede el Estado procurar formas de cooperación o de asociación con el sector privado, que ejecute, eficientemente, proyectos de desarrollo.
“Un ejemplo de lo anterior es la cooperación público-privada en el sistema de concesiones de obras públicas, que ha permitido, entre otras cosas, que Chile cuente con el mejor sistema de carreteras de América Latina”, aseveró.
Consultado sobre el reciente rechazo por el Comité de Ministros del proyecto minero Dominga, el socio de ASL CORP dijo que en lo que se refiere a los aspectos propiamente técnicos de este proyecto, en el estudio jurídico participan abogados e ingenieros especializados que pueden referirse con más conocimiento a este tema.
Pero, indicó que “llama la atención, sin embargo, que se haya requerido un plazo de 10 años, desde la presentación del proyecto, hasta la fecha, para que sea rechazado por el Comité de Ministros. Esto es inaceptable. Los plazos de estudio de cualquier proyecto deben ser sustancialmente más breves, en que sea posible un análisis técnico, completo y de fondo, para resolver sobre el mismo”.
López Blanco advirtió que siendo tantos los beneficios que se obtendrían para la zona, en que éste se llevaría a efecto, preocupa que no sea posible encontrar soluciones entre el sector público y el inversionista, para los diversos temas de medioambiente que necesariamente deben ser resueltos.
“¿Cómo es posible que con los adelantos que hoy día tiene la ciencia y la tecnología, no se encuentre, de común acuerdo, soluciones para un desarrollo que produce tantos beneficios a la Región?”, preguntó el profesional.
REVISIÓN INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL
En tanto, el abogado experto en minería, Patricio Cartagena indicó que “en estos días el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) hacía un llamado a los organismos públicos, con competencia ambiental, para que se pronuncien, teniendo como sustento las Guías Metodológicas que dicho organismo ha dictado para las evaluaciones ambientales”.
Agregó: “¿Qué revela este llamado en el marco de la institucionalidad ambiental y lo recientemente sucedido con el proyecto Dominga? En nuestra opinión ello evidencia la falta de certeza jurídica y técnica que hoy ofrece la institucionalidad ambiental. Se observa que, en la actuación del Estado en temas ambientales, se pueden superponer visiones personales, sobre criterios técnicos”.
Cartagena indicó que este ejemplo confirma la necesidad de revisar la institucionalidad ambiental, en donde los criterios técnicos prevalezcan para un debido desarrollo sustentable, con una tramitación eficaz, para que la comunidad vuelva a confiar en las instituciones públicas.
“Por otra parte, nuestro país requiere con urgencia contar con un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que establezca con claridad todos los componentes ambientales y de desarrollo sustentable que cada localidad representa. Esta línea de base permitirá que entre el Estado, empresas y comunidad exista consenso sobre los desafíos productivos y la seguridad para nuevas inversiones”, concluyó.
Patricio Cartagena dijo que, con este mapa de la sustentabilidad y nuevas inversiones productivas, con mayores estándares ambientales, con los nuevos requisitos de la Economía Circular, las exigencias del cambio climático y mayores niveles de participación e información ciudadana, se logrará tener un amplio marco de cooperación público y privado. “Es la única vía posible de recuperar el desarrollo económico y sustentable.”, aseveró.
Finalmente explicó que, la minería nacional y sus proyectos públicos/privados deben jugar un rol destacado y acelerar la curva de desarrollo nacional. La Corporación de Bienes de Capital en su catastro para el quinquenio 2022-2026 informan inversiones por US$ 14.988 millones, con 67 iniciativas con cronogramas definidos. “El desafío es que las políticas públicas y las normativas estén a la altura de lo que el país necesita hoy: cooperación y nuevos proyectos productivos, con el sello de la sustentabilidad, inclusivos en el territorio y con una rentabilidad en beneficios de todos”, concluyó.
