Los presidentes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo; la Sociedad Agrícola y Ganadera de la Región de Los Ríos (SAVAL), Juan Enrique Hoffmann; y la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO) y la Federación Nacional de Productores de Carne (Fedecarne), Christian Arntz; llamaron a las autoridades a mantener en vigencia el Decreto N°65 que permite la caza controlada de perros asilvestrados. Según explicaron, la normativa, que pretende ser derogada, fue desarrollada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en base a fundamentos técnicos de peso, por lo que no se justifica su suspensión, sobre todo considerando los negativos impactos que estos animales provocan a nivel económico, sanitario y sobre la biodiversidad del país.
“Es preciso aclarar que esta normativa ha sido dictada para el control exclusivo de perros salvajes y no involucra animales domésticos ni perros vagos que deambulan por las ciudades. Se trata, al contrario, de depredadores agrupados en jaurías que cazan diversas especies, principalmente ganado de menor tamaño. Esto perjudica a pequeños ganaderos, cuya única fuente de sustento es el campo”, señaló el presidente de la SNA, Patricio Crespo, quien agregó que en el 80% de los predios con ganado bovino el rebaño no supera las 20 cabezas, lo que da una idea del impacto que estas jaurías provocan.
El líder de la SAVAL, Juan Enrique Hoffmann, reafirmó esto señalando que los perros asilvestrados constituyen un peligro para bovinos y ovinos, ya que atacan en épocas de parto a animales recién nacidos. Igualmente, son trasmisores de enfermedades como brucelosis y tuberculosis bovina, males que tanto productores como autoridades llevan décadas intentando erradicar. “La principal causa de aborto en vacunos es debido a la neosporas cannis, parásito que es transmitido por los perros y que generan enormes pérdidas en número de ganado y elevados costos para los pequeños productores”, explicó.
Por su parte, el presidente de la SAGO y Fedecarne, Christian Arntz, alertó sobre la necesidad de que el estado entregue las herramientas para que los productores puedan defender su patrimonio productivo. “Hoy no existen indemnizaciones o medidas públicas que permitan controlar esta nueva plaga. Por eso, llamamos a las autoridades a que en sus decisiones primen los intereses nacionales y sean coherentes con la evidencia técnica que demuestra los efectos negativos de estos animales”, enfatizó.
El presidente de la SNA, en tanto, agregó que otro de los impactos de estos animales es la destrucción de la fauna silvestre y la alteración de la cadena alimenticia. Según cifras de la Conaf citadas por el dirigente, entre 2007 y 2012 quince especies silvestres fueron atacadas por perros y gatos en parques nacionales. En ese periodo, 128 animales murieron, principalmente pudúes, huemules, zorros, pumas y guanacos.
“En países desarrollados, como Nueva Zelanda, los guardaparques están autorizados para controlar, bajos circunstancias específicas, a los perros asilvestrados que constituyen una amenaza para las especies protegidas del país”, detalló Crespo, quien agregó esta es sólo de una de muchas otras medidas que el estado debe implementar para evitar la proliferación de estos animales.
Los dirigentes enfatizaron igualmente la necesidad de avanzar hacia una normativa más exigente de tenencia responsable de mascotas, mediante el impulso de planes de castración, identificación y registro de los perros que existen en los hogares y penalización de las personas que abandonan a sus canes.
