Reiterando la preocupación de la comisión de seguridad Ciudadana por los proyectos en materia de seguridad pública, el presidente de esta instancia, diputado Matías Walker, señaló que si bien el control de identidad se puede ampliar, éste debe estar regido “por situaciones objetivas y efectivas”, agregando que se trata de “constatar si las personas tienen órdenes de aprehensión pendientes, tal como lo ha planteado el gobierno en sus indicaciones al proyecto en trámite en la Cámara”.
Al respecto, Walker precisó que “hoy día se realizan un millón 800 mil controles de identidad al año, y hay 60 mil personas con ordenes de aprehensión pendientes, entonces ¿cómo se cruzan estas cifras? El gobierno ya presentó dos indicaciones en el marco de la agenda corta anti delincuencia para que efectivamente se pueda ampliar el control de identidad pero en ciertos lugares, bajo ciertos indicios, bajo ciertas circunstancias; si bien tenemos que ampliarlo para saber si las personas tienen orden de aprehensión pendientes, el control tiene que ser eficiente, efectivo para el objetivo que queremos: aprehender a las personas que tienen órdenes de detención pendientes”.
El parlamentario se refirió, además, a las críticas que han surgido en torno a la ley de responsabilidad penal adolescente, señalando “estamos abiertos a perfeccionar todas las leyes, incluyendo la ley de responsabilidad penal adolescente. Ahora, estamos fallando es en la reinserción de adolescentes que caen privados de libertad, porque la verdad es que los porcentajes de reincidencia de los adolecentes que caen por primera vez son cercanos al 50%. Hoy día, en Chile, son responsables penalmente desde los 14 años, a diferencia de lo que ocurría antes donde había un examen de discernimiento entre los 16 y los 18 años”.
Además Matías Walker señaló que “hay una sensación de inseguridad muy grande, pero las últimas cifras de la Fundación Paz Ciudadana, determinan respecto al primer trimestre del 2014 que los delitos de mayor connotación social han bajado, y han aumentado los robos con intimidación o con violencia. Por eso aprobamos la nueva ley de control de armas, que persigue que quien entrega un arma a un menor o adolescente automáticamente se le aplica una pena privativa de libertad, esto antes no era delito. Los padres que tengan bajo su cuidado menores de edad, a los cuales se les encuentre un arma, van a responder además patrimonialmente. Y cualquier delito que se cometa hoy día utilizando un arma ilegal se le aumenta automáticamente 5 años a la condena. Lo dijo el fiscal Navarro apropósito del atentado al subteniente de Carabineros, el delincuente que ya está detenido , arriesga 30 años de cárcel, porque a la pena común se le aumenta automáticamente 5 años de pena privativa efectiva de libertad por el hecho de utilizar un porte ilegal de arma”.
