Los rectores de las Universidades Públicas No Estatales (Red G9) entregaron este miércoles una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet y a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, en donde solicitan el reconocimiento del rol público de las instituciones que la conforman. Esto, junto con manifestar su preocupación ante la reforma a la educación superior que está pronta a iniciar su tramitación parlamentaria.
Jorge Tabilo Álvarez, rector de la Universidad Católica del Norte (UCN) participó en la entrega de la citada misiva tanto en el Ministerio de Educación como en La Moneda. “Básicamente, lo que pedimos es que el trato sea igualitario al interior del CRUCh -Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas-, ya que consideramos que para el país sería negativo un tratamiento diferenciado, priorizando a las universidades estatales”, explicó.
Agregó que todo indica que en el proyecto pronto a ser enviado al Congreso no se estaría reconociendo el tremendo aporte de las universidades públicas no estatales que forman la Red G9, así como su compromiso y vocación públicas. “Creemos que, en términos de investigación, para el desarrollo del país lo más adecuado sería aprovechar las competencias tanto de las instituciones estatales como de las no estatales, reforzando el CRUCh”, indicó el rector de la UCN.
Además, en relación a la diversidad del sistema dijo que las universidades tienen una identidad, y que es importante respetarla para poder tener variedad de proyectos educativos.
En la misma línea, para el presidente del G9 y rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, el desconocimiento del aporte de los planteles de la Red introduce una inconveniente segregación al interior del Consejo. “Nos preocupa que su rol pueda quedar comprometido a futuro, lo cual será muy grave no solamente para la educación superior, sino para el país en su conjunto. Esto va más allá de un tema de recursos, tiene que ver con la educación superior del país, que es fundamental para su desarrollo y superación de desigualdades”, señaló.
En tanto, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, comentó que no apoyar a todas las instituciones del CRUCh significa dejar fuera a universidades que desde Antofagasta a Aysén colaboran con el desarrollo de la política pública en educación superior. “Queremos decirle a la Presidenta: No puede permitir que se dañe este aporte que han entregado estas instituciones, porque el país va a resentirlo, son las personas las que van a recibir menor educación de instituciones de calidad, que entregan más del 50% de la investigación, aportan en la formación de doctores en distintas áreas, y en la relación que tienen con sus comunidades”, destacó Sánchez.
“Nuestras instituciones se caracterizan por los dos grandes objetivos que han sido definidos para la reforma, y que compartimos plenamente, como son avanzar en la construcción de un sistema con más calidad e inclusión; y en ambos aspectos estas universidades se han destacado nacional e internacionalmente”, indicó el presidente del G9.
Asimismo, los planteles de la agrupación aportan con bienes públicos en los más diversos ámbitos, especialmente en regiones, donde se encuentra la población más carenciada. “Hoy atendemos al 72% de alumnos vulnerables de La Araucanía, haciendo un tremendo aporte a la política de gratuidad”, ejemplificó el rector de la Universidad Católica de Temuco, Aliro Bórquez. Por ello, dijo que debe haber un trato igualitario.
PROYECTO
Si bien aún no se conoce el detalle del proyecto de ley, según lo que ha ido informando el Ministerio de Educación, se contempla un evidente trato preferencial a las universidades estatales. “Cuando se le dice a estas universidades -las Públicas No Estatales- que no van a ser reconocidas en la ley, también se les dice a los estudiantes que han optado por ellas que no van a tener aquellos recursos que se requieren para su formación”, explicó Bórquez.
Todos los rectores del G9 coinciden en que el trato que están recibiendo en este proyecto de ley es muy injusto. “Se pide un reconocimiento concreto, no en palabras, en el trato a la vocación y rol público de estas instituciones. Solicitamos que se mantenga la no discriminación a las instituciones del CRUCh, como ha sido una característica en nuestro país; constante en gobiernos de muy distinta orientación”, aclaró el rector Elórtegui. “Esta segregación tiene efectos en diversos aspectos normativos y legislativos. No es una disputa corporativa por recursos, sino un dolor por la falta de reconocimiento a la trayectoria de estas instituciones, y una preocupación genuina por el futuro de Chile”, agregó.
Desde el G9 se han propuesto iniciativas en torno al desarrollo de la autonomía, el crecimiento de las universidades y el sistema de admisión, entre otras. Sin embargo, para el rector Sánchez donde no han encontrado ninguna acogida es en el reconocimiento del rol público de las instituciones de la Red, el cual, explica, consta desde su creación y desde los proyectos de ley de la Presidencia de la República a partir del año 1920, con aportes estatales; donde se entiende el papel colaborativo de las universidades de rol público.
Asimismo, señaló el rector de la UC que apoyan el fortalecimiento de las universidades estatales, y también esperan de ellas que reconozcan el aporte del trabajo conjunto que han realizado. Y citó un dato: “Las instituciones que estamos acá tenemos más de 200 proyectos conjuntos vigentes con las universidades estatales. Este trabajo colaborativo en investigación e innovación en docencia universitaria tiene que seguir fortaleciéndose, no hay un distingo si es estatal o no”.
“Sentimos que al dejar fuera a estas universidades, el Estado lo que está haciendo es desconocer el aporte que han hecho al país. Tomamos lo público como parte central, estamos con la gente, con las comunidades, tenemos un fuerte trabajo regional, y eso se desconoce al momento de establecer un trato preferente exclusivo”, comentó el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán. “Si la reforma no se cambia, corremos el riesgo de frenar nuestro desarrollo. Una institución que no crece tampoco puede crecer en investigación, en vinculación y en el desarrollo que puede generar en las regiones”, agregó.
No obstante, tal como manifestó el rector Sánchez, han estado desde hace más de un año aportando al Ministerio de Educación en distintas instancias, con seminarios, columnas y monografías: “Hoy pensamos que la máxima autoridad de la República tiene que recibir directamente de nosotros nuestra postura y esperamos que ella la considere muy sinceramente”. De lo contrario, según el rector Elórtegui, habrá que analizar las medidas a seguir cuando se conozca finalmente el proyecto.
