El 1 de abril pasado entró en vigencia la Ley 21.015 sobre Inclusión Laboral para personas con discapacidad, que busca promover su incorporación al mundo laboral, tanto en el ámbito público como en el privado.
La ley establece que al menos el 1% de los empleados de empresas públicas y privadas que cuenten con más de 200 trabajadores, deben ser personas con discapacidad o tener pensión de invalidez. Para 2019 esta ley regirá para todas las empresas con más de 100 trabajadores.
Las personas contratadas en esta modalidad deben estar previamente calificadas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud o tener una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.
En el caso de las empresas privadas, la normativa señala expresamente como razones fundadas que las eximen de cumplir con la obligación de cuota, la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa y la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo, en cuyos casos se establecen los siguientes mecanismos alternativos:
• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad.
• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.
Se trata de un cambio legislativo que implica importantes desafíos de adaptación en las organizaciones y más aún en el rubro de la construcción, ya que hará necesario evaluar las condiciones para una inclusión sostenible, implementar infraestructura para el acceso universal, así como un trabajo de largo plazo que permita transitar exitosamente hacia una cultura inclusiva, en la que los procesos de capacitación, tanto a las empresas como a las personas en situación de discapacidad que se integren a ellas será clave.
Por ello, la Cámara Chilena de la Construcción está trabajando en conjunto con Mutual de Seguridad en el desarrollo de un plan piloto para empresas socias, que consiste en un Modelo de Inclusión cuyos objetivos son identificar brechas y posibilidades de inserción. La experiencia piloto trabajará aspectos tales como catastro de potenciales labores y cargos para personas con discapacidad, análisis de la cultura y la infraestructura universal de la empresa y análisis de las medidas preventivas de seguridad, entre otros.
En este plan piloto participarán 30 empresas socias, preseleccionadas en base a criterios como: contar con más de 100 trabajadores, haber sido reconocida como Empresa Socialmente Inclusiva (ESI) por Mutual de Seguridad o tener a personas con discapacidad contratadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley.
Nos parece una experiencia valiosa, que permitirá establecer ámbitos de mejora aplicables a otras empresas e industrias y detectar oportunidades de perfeccionamiento de la normativa.
Sergio Quilodrán Muñoz
Presidente CChC La Serena
