La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, participó en el lanzamiento de la cuarta etapa de implementación de la Reforma a la Justicia Laboral, oportunidad en la que destacó que “juicios que duraban años ahora sólo duran 60 días en promedio.
En ese contexto, agregó que “una mayor certeza de los derechos de los trabajadores y de empresarios reduce la competencia desleal que significa el dumping interno de los que vulneran la ley laboral”.
La Nueva Justicia Laboral moderniza la forma de resolver los conflictos laborales en los tribunales de nuestro país, a través de un sistema oral, público y rápido, que da vigencia efectiva a los derechos de los trabajadores. Además instituye un proceso oral que agiliza y transparenta la administración de justicia en tribunales especializados, al tiempo que garantiza un debido proceso a las partes al brindar defensoría gratuita a los trabajadores que no cuenten con recursos para pagarla.
De esta manera, “aquellos que pretendían alargar los juicio laborales no lo van a poder hacer”, agregó la Jefa de Estado, destacando que en las otras regiones donde ya esta reforma se está implementando un juicio por remuneraciones impagas, por ejemplo, antes se prolongaba por un año y ahora se resuelve en 60 días.
En la Región Metropolitana, las oficinas de defensa laboral estarán ubicadas en Santiago, que contará con 27 defensores; San Miguel, con 5 profesionales; San Bernardo, con 4; Talagante y Puente Alto con dos cada una; y , Melipilla y Talagante con un defensor para cada consultorio. La labor de estos profesionales estará apoyada por 100 funcionarios de apoyo administrativo.
En toda la Región Metropolitana, a partir de este lunes, habrá 34 jueces especializados, 8 jueces con competencia mixta; 5 tribunales laborales (1° y 2° de Santiago, Puente Alto, San Bernardo y San Miguel), y otros 5 tribunales mixtos con competencia laboral (Colina, Talagante, Melipilla, Peñaflor y Buin).
La operación de las nuevas oficinas de defensa laboral quedarán bajo responsabilidad de las Corporaciones de Asistencia Judicial presentes en el país, pero bajo la supervisión técnica y estándares fijados por el propio Ministerio de Justicia con el fin de asegurar calidad en la atención y la cobertura.
