La Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional ha eclipsado el ambiente en las últimas semanas con sus propuestas en materia minera. Y es que una propuesta de nacionalización al estilo bolivariano, en el actual contexto globalizado y moderno, cuesta mucho de entender.
Estamos a la espera de lo que suceda en la votación en el pleno de la Convención, pero en este entretanto es posible evaluar las consecuencias que podría tener una norma de esta naturaleza.
Hoy, la industria minera nacional se constituye por un complejo entramado que incluye al sector público y privado en los segmentos de gran, pequeña y mediana minería. Ese modelo mixto y variado que permitió a Chile catapultarse y llegar a ser el mayor productor de cobre mundial con actualmente casi un 30% de participación.
De ese mismo modo, Chile también se transformó en un polo de atracción de inversiones. De acuerdo con el último catastro de Cochilco, contamos con 51 iniciativas avaluadas en US$ 68.925 millones. De concretarse, dichas cifras significarán pagos en empleos locales y servicios, es decir, los encadenamientos productivos. Esas inversiones se dirigen y se distribuyen dentro del rico ecosistema de proveedores, que incluye por cierto a los más especializados, pero también a restaurantes, hoteles, transporte, lavanderías y emprendimientos de distinta índole.
Sabemos que los próximos pasos de nuestra minería deberían estar enfocados en lograr una internacionalización de proveedores mineros chilenos que aporten tecnología, maquinaria y soluciones informáticas para el mundo. Asimismo, debemos considerar la transición energética; las minas deben ser operadas utilizando energías limpias en sus procesos. Con las ventajas que tiene Chile en energía solar y eólica estaríamos delineando el círculo virtuoso donde producimos sin emisiones minerales como el cobre y el litio que demandan las tecnologías limpias.
¿Y qué sucede con todo lo anterior si la industria minera se estatiza? En efecto, es un golpe a este ecosistema y habría un desajuste de proporciones, considerando que la minería es una actividad que requiere intensivo capital de riesgo, comenzando por su fase inicial, la exploración, una actividad cada vez más compleja en Chile, donde encontrar yacimientos es cada vez más difícil.
Constitucionalmente hoy los minerales son propiedad del Estado de Chile, solo posibles de extraer por privados mediante concesión. Si se estatiza la industria minera de la forma y bajo el contexto en el cual se ha propuesta por la Comisión de Medio Ambiente, las inversiones y ecosistemas productivos quedarán ampliamente excluidos.
Si se pierde el modelo mixto, estaríamos dando curso a un rumbo incompresible, un verdadero descarrilamiento que no permitirá llegar al desarrollo que se propone alcanzar a través de estas medidas, a lo que se suma la falta de competitividad y aumento en el riesgo país. Desde la Cámara Minera de Chile enfatizamos que tanto el Estado como privados deben funcionar armónicamente para el futuro de la nación.
Por: Manuel Viera – Presidente de la Cámara Minera de Chile
