A través de una Declaración Pública los integrantes del Consejo Regional de Coquimbo (CORE) informaron que, de forma unánime, “tomamos el acuerdo de NO asistir a la Cuenta Pública 2021 de la Gobernadora Krist Naranjo. Con dicha decisión, no existe el quorum necesario para realizar la sesión extraordinaria 246, en la cual, precisamente la Gobernadora debe dar cuenta al Consejo Regional sobre la gestión del año anterior.
Esto debido a la poca y dificultosa comunicación y disposición que ha tenido Gobernadora con el Consejo Regional desde que éste asumiera en marzo del 2022, a pesar de las reiteradas manifestaciones de buenas intenciones que hemos tenido por trabajar en conjunto en beneficio de la comunidad como un sólo Gobierno Regional, lejos de personalismos.
Los consejeros argumentamos que las razones que nos llevaron a dicha decisión se vienen arrastrando desde hace meses al no recibir respuesta del Ejecutivo, las cuales son:
- La baja ejecución presupuestaria del Gobierno Regional de Coquimbo, que al mes de abril alcanza solo a un 8,1% (18% menos que el año anterior), presentando la segunda peor ejecución a nivel país. Cabe mencionar que la ejecución presupuestaria promedio del país, a pesar de la pandemia es de un 13,5%.
- Lo anterior es de especial preocupación desde el punto de vista de que existne importantes iniciativas de desarrollo local en condiciones de ser financiadas, pero que a la fecha no han sido tramitadas por el Ejecutivo. Por ejemplo, el Centro de Diálisis de Vicuña, el cuartel de Bomberos de Chillepín (Salamanca) o el mejoramiento de la escuela Teresita de Los Andes, de Punitaqui.
- El retraso en la presentación de las líneas correspondientes al 5% de emergencia, que ha demorado su ejecución, y que constituye un monto aproximado de $3.700 millones para ayuda directa a las y los afectados por la crisis hídrica por la que atraviesa la región.
- El desfase en la presentación formal de documentación al Consejo Regional en los tiempos legales, lo que ha privado al cuerpo colegiado de ejercer su pronunciamiento respecto a la distribución de programas sociales como el IRAL – FOSIS.
- El retraso en la tramitación del convenio de Programación entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional, que permitiría co-financiar viviendas sociales en las comunas de Ovalle y La Serena.
- La escasa disposición de trabajar colaborativamente con el Consejo Regional para destrabar el quehacer institucional en beneficio de la comunidad, impidiendo incluso la presencia de funcionarios del Gobierno Regional en las comisiones del Consejo Regional. Esto ha dificultado enormemente el trabajo que deben realizar los consejeros regionales, electos democráticamente, como representantes de la comunidad.
- La molestia manifestada por los gobiernos locales, a través de sus alcaldes y concejos municipales, quienes ven falta de compromiso de la máxima autoridad regional con los territorios más apartados y necesitados.
- La falta de contacto directo con la ciudadanía, la cual, a través de organizaciones comunitarias han manifestado que no han sido atendidos sus requerimientos en los meses desde que la Gobernadora asumiera el cargo.
- Y por último, y no menos importante, las supuestas irregularidades en materia administrativa que actualmente están en proceso de investigación en la Contraloría General de la República, además de las acusaciones de maltrato laboral realizadas por funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Regional”.
