La inminente ratificación en la Cámara de Diputadas y Diputados del Acuerdo de Sede entre la Cancillería de Chile y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), podría transformarse en la punta de lanza para facilitar una masiva migración ilegal, al denominar refugiados a los migrantes.
Según el diputado, Roberto Arroyo, este acuerdo suscrito el 1 de octubre del 2021,“permtiría una invasión camuflada, facilitando aún más la migración desatada en el Norte. Hoy día quieren que la Cámara ratifique la instalación de esta Oficina que contará con inmunidad jurídica, para volverla legal”.
El parlamentario del PDG por el distrito 20 agregó que, “va a ser responsabilidad de todos los diputados transformarnos en defensores de la Patria, la Soberanía y de las Personas de nuestro país y a quienes esta migración les cambió la vida para mal”.
El diputado Arroyo además denunció, cómo la propia página www.acnur.org/chile, enseña los pasos que deben seguir los migrantes para convertirse en “refugiados”. Para lo que simplemente basta “declararse en la frontera, en cualquier Municipalidad o Gobernación, quedando a criterio del Ministerio del Interior si pueden ser considerados o no como refugiados. Situación que les permitiría en poco tiempo tener nacionalidad completa, y acceder a beneficios sociales por tener una vulnerabilidad mayor al más vulnerable de los chilenos”, indicó.
El mismo parlamentario presentó en abril pasado, ante la Contraloría General de la República, un informe que detalla las irregularidades que habrían cometido algunos municipios del país y ACNUR, a través de la implementación del programa “Ciudades Solidarias”, con el que se busca fomentar la acogida de refugiados y migrantes y a su vez entregar apoyo a los municipios que no cuentan con estos programas.
Convenios, que ya fueron suscritos por las municipalidades de Arica, Estación Central, Santiago, Ñuñoa, La Pintana, Recoleta, Valparaíso, Concepción y Talcahuano, y por lo que en su momento, el parlamentario del PDG solicitó, vía Ley de transparencia, el monto del dinero desembolsado y el contenido del programa.
Para el diputado Arroyo, resulta inconstitucional que los ediles comunales tomen este tipo de decisiones, “existiendo una Cancillería y una Comisión de RR.EE. tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado”, concluyó.
